En audiencia imputativa que comenzó el día 8 de octubre de 2024 y finalizó en el día de la fecha, 9 de octubre de 2024, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los Fiscales Dres. José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato le atribuyeron al identificado Armando Traferri los delitos de Asociación ilícita en carácter de jefe, organización y explotación de juegos de azar ilegales sin contar con la debida autorización legal, en calidad de partícipe primario, tráfico de influencias y tráfico de influencias agravado, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo en calidad de autor y peculado de caudales públicos.
La Jueza de primera instancia Dra. Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dispuso a solicitud de la Fiscalía la prohibición de acercamiento por sí o interpósita persona, por el plazo de 6 meses, hacia , Mariana Ortigala, Rodrigo Ortigala Lorena Córdoba, Leonardo Peiti, Gustavo Ponce Asahad, Patricio Serjal, Nelson Ugolini, Darío Scatalaglini, Fernando Moschini, José Fernández Chemez, Liliana Moriconi, Germán Hess, Oscar Larrauri y flia Rossini.
La Fiscalía le atribuyó haber tomado parte, en carácter de Jefe, de una asociación ilícita, destinada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe y de ocultar las ganancias del mismo. Asegurando protección tanto política como judicial a tal actividad como así también a los miembros de su organización, habiendo logrado infiltrar al Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Rosario. Protección que dispensó o procuró a sus miembros incluso después de que fueran detenidos.
La organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados, desde la gestión de juegos de azar y su recaudación, la recaudación a nivel político, y la gestión de cobertura judicial, especialmente en el ámbito penal, como así también personas que concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino. Sin perjuicio de requerir la colaboración de terceras personas que, sin ser miembros activos de la organización criminal, podían prestar una colaboración circunstancial. La organización estaba compuesta por un grupo de personas que convergía mediante un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, con una doble finalidad, la de usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y la de obtener la concesión del juego online en la Provincia de Santa Fe a través del sistema VLT, (terminales virtuales de lotería).
Esos objetivos, que fueron los principales, contaron con una finalidad secundaria pero necesaria que fue la de proveer a blindar esa actividad asegurando la impunidad de la misma en la órbita de la justicia penal. Para ello, los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos, perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
«De alguna manera todo está enmarcado en una asociación ilícita, dándosele al senador Armando Traferri el carácter de jefe. Y a partir de ahí se le hacen algunas imputaciones específicas, como ser hechos vinculados a tráfico de influencias, cohechos, a la explotación de juegos de azar y también cuestiones de peculado y negociación incompatible con la función pública», expresó el fiscal Caterina.
«El primer resultado y el más importante era poder imputarlo. La Fiscalía venía con intenciones de imputarlo hace cuatro años y teníamos un nuevo equipo constituido que hizo un análisis completamente nuevo de toda la evidencia que había, y se reunió más evidencia. Entiendo que se han agregado hechos nuevos que no estaban contemplados en el equipo original, que estaba sumamente controvertido por parte de las defensas. Y luego de eso, en estos meses hemos podido imputarlo, que es lo más importante. Luego se pedía ante la jueza una medida cautelar que restringía una serie de prohibiciones de acercamiento respecto de varias personas, actores que entendemos que están vinculados a la imputación y justamente a la idea de que se empiece a obtener evidencia que denota la intención y la circunstancia de que Traferri y, a través de terceras personas, trata de influir en esos testimonios y de perjudicar, o sea, de entorpecimiento probatorio, como le llamamos nosotros», añadió el fiscal.
«Y en ese sentido tenemos, bueno, esperanza de que esto cese de una vez por todas a través de estas prohibiciones de acercamiento. Perdón, acercamiento y contacto por cualquier medio, incluso a través de terceras personas, había profesionales del derecho y demás, tratar de restringir esa situación que es muy preocupante».
Sobre las declaraciones del senador en audiencia, el fiscal relató que no hizo una locución tan extensa, «habló de su carrera política, habló poco de la cuestión de la evidencia, o sea, no fue a eso, en todo caso sí su defensa técnica, se refirió a ella extensamente y criticando, digamos, la posición de la fiscalía, y después, por ejemplo, efectuó lectura de investigaciones de la auditoría de la fiscalía, pero sin indicar qué declaraciones eran, pero bueno, básicamente era su trayectoria política».
«El foco estuvo en insistir como que no habíamos sido nosotros precisos, su defensa técnica también, y que en función de que él no terminaba de comprender eso que nosotros habíamos acercado sintetizado en casi 300 páginas, entonces no estaba en condiciones de defenderse. Luego uno de sus defensores, el doctor Romera, insistió en esto, diciendo que no se está garantizando el derecho a defensa. Como es una garantía constitucional, la jueza de alguna manera advirtió o aludió a eso al decir que no veía violada ninguna garantía constitucional, pero bueno, esas son cuestiones estratégicas de la defensa, en todo caso acudan a ello.», expresó Caterina
«Ellos dejan sobrevolando la idea de que hay una persecución, se lo menciona por ejemplo al ex ministro Saín, se menciona a él y a Schiappa Pietra, y de alguna manera hay toda una confabulación en contra del senador Armando Traferri. Nosotros nos ceñimos a evidencia que era objetiva y contestamos de manera muy breve eso porque justamente en el compendio de evidencia nuestro no había una sola mención al ex ministro Saín. Entonces, más allá de que pueda haber incluso cuestiones de enemistades, disputas políticas y así, nosotros ahora hacemos un análisis jurídico, es un replanteo, un equipo nuevo, pero que avalamos y consideramos que estaba en condiciones de ser imputado, y de hecho la imputación, si bien la jueza no necesita meterse en el centro, en el eje de la cuestión, porque de alguna manera después la defensa se termina allanando a la cuestión cautelar, entonces no hace un amplio desarrollo, valida como legítima la cuestión de la imputación, por la cual, digamos, también por hechos conexos o relacionados directamente, ya hay personas incluso condenadas en esta investigación», aclaro Caterina.
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