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Raimundo apoya proyecto de ley para decomisar bienes del narcotráfico

El intendente Leonardo Raimundo recibió al diputado nacional Ricardo Alfonsín y al diputado provincial Maximiliano Pullaro, quienes expusieron la iniciativa en el SUM del Centro de Atención al Turista. El primer mandatario apoyó la propuesta que apunta a que el Estado se pueda quedar con los bienes producidos por el narcotráfico aunque no exista condena penal sobre sus responsables.
El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, recibió el último lunes al diputado nacional Ricardo Alfonsín y al diputado provincial Maximiliano Pullaro, quienes expusieron el proyecto legislativo –diseñado por el legislador santafesino y presentado por el congresista– que apunta a que el Estado se pueda quedar con los bienes producidos por el narcotráfico aunque no exista condena penal sobre sus responsables. El primer mandatario local expresó su respaldo a la iniciativa, que contará con el apoyo institucional del Concejo Municipal.
En el encuentro, que tuvo lugar en el SUM del Centro de Atención al Turista, los legisladores explicaron que la iniciativa se propone brindarle al Estado una herramienta para extinguir la raíz económica del delito y, de esta forma, desestructurar las bandas criminales.
El proyecto considera que la ley se puede aplicar sobre los bienes “que sean producto u objeto material de las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de las actividades ilícitas perseguidas”.
Se incautarían también “los bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes; y aquéllos de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los incisos anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación o aprehensión material».
En este sentido, Alfonsín expuso que si la propuesta prospera se podrá decomisar el patrimonio de los narcotraficantes y el de todas aquellas personas vinculadas con la actividad ilícita. “Se podría avanzar en sede civil –donde la prueba es menos exigente que en el fuero penal– sobre los bienes de la persona investigada y de quienes estén sospechadas de participar del delito, porque el narcotráfico se blanquea tanto con actividades lícitas como ilícitas”, expresó.
En la misma dirección, Pullaro remarcó la necesidad de desmontar estas economías delictivas complejas para que cuando un narcocriminal sea encarcelado la actividad no encuentre continuidad en manos de otras personas hasta que el acusado recupere la libertad. “En Santa Fe sobran ejemplos de personas que manejan el negocio desde la cárcel, purgan condena, salen ricas y vuelven a armarlo”, puntualizó.
En cuanto al destino de las propiedades incautadas, los diputados explicaron que “la sentencia en el juicio civil ordenará el decomiso de los bienes, los cuales pasarán a integrar el patrimonio público”. El dinero de esos bienes se destinará en un 75 por ciento a programas de prevención, asistencia, control y lucha contra la drogadicción.
Iniciativas similares se implementan en México y Colombia, donde se lo denomina “extinción de dominio”. En nuestro país, el proyecto ya tiene estado parlamentario, pero aún no se debatió debido a que fue presentado sobre el cierre del período 2013.
“Preferimos pensar que todavía no hubo tiempo de tratarlo. Esperemos que nos apoyen todos los bloques porque no hay razón para que no se apruebe”, concluyó Alfonsín.
Por su parte, el intendente Raimundo elogió la calidad de la propuesta y expresó su pleno apoyo: “Cuando nos pidieron venir a difundir esta iniciativa aquí nos pusimos muy contentos, porque es importante que la ciudadanía conozca que existen proyectos para mejorar los mecanismos para extinguir el patrimonio de quienes lucran con la muerte”.
Por otra parte, el primer mandatario local reclamó más presencia de fuerzas federales e infraestructura judicial para combatir el narcotráfico y otros delitos de competencia federal en la región. “Nuestra ciudad es el núcleo de un gran complejo portuario por el que circulan miles de personas y cargas en enormes cantidades. Si una región necesita fuerzas de seguridad y tribunales federales para impedir y juzgar delitos como la trata de personas y el narcotráfico, es la nuestra”, finalizó el jefe del Ejecutivo municipal. 

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