El proceso de traspaso de Oil Combustibles, la hoy ex empresa de Cristóbal López – preso en Ezeiza por quedarse con $ 8.000 millones en impuestos al combustibles dejó a los trabajadores fuera de este nuevo proceso, al menos por ahora, porque YPF dejó un plantel de 70 empleados para mantener las instalaciones hasta que se conozca el plan de operaciones de la petrolera.
El lunes desde la firma confirmaron el cese de la relación laboral con los trabajadores con el pago de las indemnizaciones pero aún se desconoce si el esquema de negocios, que tiene además de la refinería unas 220 estaciones de servicio, contendrá a la totalidad de los trabajadores que alcanzan a unos 350.
Los gremios petroleros quedaron visiblemente perjudicados también por esta circunstancia, como es el caso del sindicato de petróleo, gas privado y biocombustibles de San Lorenzo que lidera Ribén Pérez.
En una entrevista a Pregón, Pérez expresó que además de la pérdida de afiliados, también tienen problemas con la obra social: «Esto ha sido un mazazo para la organización sindical, la pérdida de todos los puestos de trabajos estos ha sido catastrófica para nosotros. Perdemos una cantidad importante de trabajadores, no pedida por nosotros, no buscada por nosotros. Pero este es el desenlace de todo un tiempo en el que el dueño anterior está preso, ha ganado YPF y los muchachos están cobrando una indemnización, después de ocho meses, que creo que es un caso único en el mundo de que una empresa quebrada pague los sueldos como corresponde. En eso hemos estado nosotros, vigilantes de que no pierdan un centavo, pero no podemos torcer una decisión judicial».
Pérez ya había adelantado el final de Oil combustibles por el mes de febrero cuando en una asamlea el dirigente les explicó a los trabajadores que sus fuentes laborales estaban en peligro.
«Todo fue un proceso que arrancó allá por el mes de febrero, ya habíamos adelantado el año pasado que había problemas con la empresa Oil Combustibles y el proceso fue muy largo, luego de la convocatoria de acreedores vino el cramdown, después vino la quiebra, vino el juez ( Javier Cosentino) a hablar con todos los trabajadores, les explicó todo el proceso, que después iba a haber una licitación y lo escucharon y se fue saludado por los trabajadores», analizó Pérez.
El dirigente había contado en ese momento a la prensa, que se había reunido con el ministro de energía Juan José Aranguren y que el panorama era desalentador: «en marzo, Aranguren nos dijo: van a quedar cuatro refinerías en el país, van a cerrar la de San Lorenzo, Campo Durán y Bahía Blanca. Y hoy hablé con los muchachos de Bahía Blanca y se restableció después de que despidieron a 120 personas pero no está trabajando, están comprando combustible afuera y lo inyectan al mercado interno y Campo Durán va a pasar a ser un oleoducto, no una refinería».
Para el dirigente petrolero se realizaron todas las gestiones posibles para que los trabajadores cobren sus salarios e incluso esta semana, se anoticiaron que las liquidaciones estaban mal realizadas por lo que se resolvió plantearlo en el ministerio de trabajo.
«Efectivamente están mal liquidadas, nuestros abogados estuvieron viendo las diferencias: el ítem de la vianda no la habían pagado porque la sindicatura interpretó que eso era no remunerativo y por eso no lo habían considerado para la base de cálculo. Ahí le demostramos que era remunerativa, que llevaba los descuentos de ley, lo que ocurre que no tributaba para el impuesto a las ganancias. Eso lo conseguimos nuestro gremio, nuestra federación, en el gobierno anterior, porque impactaba fuertemente, impacta el impuesto a las ganancias sobre los salarios, le buscamos una vuelta para que no forme parte de la cuenta del impuesto a las ganancias pero sí tributara todo lo otro. La sindicatura nos reconoció en el Ministerio de Trabajo que se habían equivocado y dicen que lo van a recomponer pero que tienen que hablar con el juez».
«También estuvimos hablando con gente allegada al juez y nos dijo que todo aquel trabajador que considere que no se le ha pagado correctamente puede presentar una revisión y se plantea en un plazo y se reclama todo lo que está mal liquidado. Por eso yo les digo a los trabajadores que tienen que revisar los cálculos y que para eso están nuestros abogados atendiendo el reclamo de todos de lo que les quedó pendiente sin liquidar», señaló Pérez.
Hoy el sindicato no tienen ningún tipo de contacto con YPF, y desconocen cuáles serán los planes que la petrolera tiene para la planta: » Es YPF quien toma las decisiones y no nos consultan a nosotros. Le pedimos una entrevista para poder hablar con los trabajadores y todavía no nos han recibido. La Federación presentó una nota en el Ministerio de Trabajo, a nosotros YPF no nos dijo nada, no hemos tenido ningún contacto» apuntó el gremialista.
Pérez se mostró acongojado por la situación actual del sindicato; fuimos enfáticos en que la familia no pierda sus salarios ni su cobertura médica, a pesar de que nuestra obra social ha sido diezmada. Me quedo tranquilo que a los trabajadores les hemos hablado siempre con la verdad en este conflicto, pero siento tristeza por no haber podido lograr que todo los empleados queden en sus puestos. Esto no fue un conflicto gremial, fue un problema político».
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