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La UTA reclamó por paritarias y no arribó a un acuerdo a una semana de que venza la conciliación obligatoria

A menos de una semana de que venza la conciliación obligatoria y con el paro de colectivos en todo el país aún en agenda, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestadoras de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a reunirse el jueves tras no lograr arribar a un acuerdo en el último cónclave de revisión paritaria. Este martes fracasó la reunión entre las partes.

El gremio conducido por Roberto Fernández intentará adicionar un incremento en el pleno de las escalas salariales, actualizadas ahora en consonancia con el ritmo inflacionario y tras la absorción de la suba del 29,7% pautada en tres tramos: 10% enero; 10% en marzo y 7% en mayo.

«Se ratifica la pretensión expresada el 18 de mayo del corriente, conforme se solicitará, de percibir un salario Básico conformado para el mes de abril de $ 262.000 más una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000 para el mes de mayo de $ 284.000 y junio de $ 320.000 y el mismo porcentaje los viáticos para esos meses», subrayó la UTA en el acta de la asamblea que tuvo lugar el martes en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

«Pasó el tiempo que además produce el riesgo del agotamiento inminente del período de conciliación obligatoria, con el riesgo anunciado por la Asociación gremial de ingresar en un conflicto del cuál deslindamos absoluta responsabilidad por cuanto la solución planteada lejos de estar en nuestras manos», insistieron.

Además, vía redes sociales, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) acusó al Ministerio de Transporte de la Nación de no tomar las decisiones previstas en el marco normativo referido al Fondo Compensador e imposibilitadas para los operadores.

«Nuevamente se ausentaron las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación por lo que no queda claro cómo se financiara el reclamo sindical (si con tarifa o subsidios) habida cuenta que son decisiones que el Ministerio de Trabajo no le deja tomar a los operadores», sentenció la entidad privada.

Fuente: Pregón y El Cronista

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