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La agroindustria expresó preocupación ante los hechos políticos derivados de la situación de Vicentín

La agroindustria llama la atención sobre los recientes hechos políticos que siguieron a la decisión judicial de no homologar la propuesta de pago en Vicentin S.A.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por las expresiones de autoridades políticas relativas a la reciente decisión judicial de primera instancia sobre el caso Vicentin S.A. Se trata de las recientes declaraciones de la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien confirmó que el Banco Nación trabaja en una oferta para quedarse con la cerealera.

«Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país», manifestaron.


Desde CIARA y CEC se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento.


Sin perjuicio de lo anterior, «si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria», indicaron.


Y finalizaron: «Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten “politizar” las decisiones judiciales que no están en firmes y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional».

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