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Diputados aprobó el Registro de deudores alimentarios

La Cámara de Diputados aprobó hoy, con 225 afirmativos y 1 negativo, la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que busca garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados a la manutención de los hijos.

La iniciativa impulsa la creación de una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con los montos que deben abonar para la manutención de sus hijos.

Al crearse una base de datos unificada y dinámica, se contará con los datos de todos los deudores alimentarios en el territorio nacional y que están inscriptos en los registros jurisdiccionales, o a solicitud de autoridad judicial competente. Así, se pretende centralizar la información para que aquella persona que tiene la custodia del menor, no tenga que hacer gestiones en todo el país para lograr las inhabilitaciones correspondientes.

Al respecto, se detalló que quienes integren el Registro no podrán acceder a determinadas acciones o trámites. Algunos de los impedimentos serán: la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de propiedad inmueble, renovación de licencia de conducir, renovación o expedición de pasaporte y desempeño en cargos públicos, entre otros.

Estas penalidades fueron las que generaron algunas diferencias dentro de Juntos por el Cambio. El PRO votó a favor de la norma en general pero rechazó el artículo 8 en la votación en particular.


Laura Rodríguez Machado, del PRO, explicó que su bloque considera que ese artículo es inconstitucional ya que “son los jueces civiles de las provincias los que establecen las sanciones”.

En la misma línea, desde el Frente de Izquierda, Romina del Pla, también pidió modificaciones respecto al impedimento de que los deudores sean beneficiarios de planes de vivienda social o contratados por el Estado. Señalaron que estas cuestiones pueden mejorar la calidad de vida de los menores y también pueden permitir tener un empleo en blaco que permita contar con ingresos para pagar la cuota alimentaria.

El artículo 8 recibió 66 votos en contra del PRO, bloques provinciales y libertarios. Sin embargo, fue aprobado con 161 votos afirmativos del Frente de Todos, la UCR, Evolución, Provincias Unidos y el Interbloque Federal.

“Hoy el Congreso está diciendo que en la Argentina cuando hay un padre o madre que incumple con su obligación de alimentar a su hijo, va a tener sanciones y consecuencias. Establecemos un orden social justo. Este registro no conmueve la moral de aquellos que cometen ese delito, pero le pone piedras a quienes no les pasan alimentos a sus hijos”, dijo Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica.

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Por su parte, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, remarcó que “a la vez que estamos protegiendo a la niñez estamos dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral a la que se expone en la mayoría de los casos a mujeres que deambulan cotidianamente por los juzgados, víctimas de la burocracia, víctimas de juicios que demoran muchísimos años para conseguir que se declare y luego que se haga efectivo su derecho”.

Reyes pidió a los jueces de cada una de las jurisdicciones que “respeten la Convención de los derechos del Niño, que abandonen el trato burocrático de los juicios de alimentos. Les estamos dando, todos los diputados de todos los bloques, una herramienta para que puedan combatir este delito, porque no pagar una cuota alimentaria es un delito”.

José Luis Espert, el único diputado que votó en contra aclaró que “traer una vida al mundo y no hacerse cargo, es impropio de alguien que se considera ser humano”. No obstante, aclaró que los diputados no están “para impartir justicia, sino para legislar”.

“Nuevamente estamos a punto de sancionar una ley que colisiona con otras, y es inconstitucional. Este proyecto de ley es de materia procesal y eso corresponde a las provincias. Las intenciones son loables, pero su naturaleza jurídica está reservada a las provincias”, aclaró.

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