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Cambio histórico: la Iglesia católica ya no recibe más el aporte económico del Estado

La medida fue confirmado por el Episcopado y rige desde el 1ro de enero. Se trata de la culminación de un proceso de renuncia a los aportes estatales iniciado en 2018, durante la administración de Mauricio Macri y en pleno debate por el aborto.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) confirmó que los arzobispos y obispos que desde el 1ro de enero de este año ya no recibirán una asignación mensual. De esta manera se concluyó con un largo proceso de renuncia a los aportes del Estado argentino, previstos por la ley 21.950.

Asimismo, se adelantó que tampoco habrá otras ayudas menores.

El Episcopado anunció oficialmente que en el último día de 2023 se concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años, durante la administración de Mauricio Macri.

Si bien el monto no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales-, el aporte suscitaba polémica porque implicaba un privilegio hacia una religión de parte de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.

De esta manera, arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares dejan de percibir por completo el aporte mensual que les era asignado por el Estado mientras estaban en funciones.

Asimismo, se aclaró que por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez podrán solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley, cuyo monto actualmente es de $98.000 (cerca de 100 dólares estadounidenses).

El proceso de renuncia progresiva de la Iglesia Católica al aporte del Estado comenzó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y en un contexto de convulsión social debido al debate por la ley de aborto. En ese contexto, sectores contrarios a la Iglesia militaron fuertemente la apostasía colectiva y la separación entre Iglesia y Estado.

Dicho proceso se materializó a partir del presupuesto 2019, que determinó una caída del 30% en las asignaciones a obispos, sacerdotes y seminaristas.

En 2020, el Episcopado anunció un plan económico para generar financiamiento propio, que se concretó a través del Programa FE, que favorece el autosostenimiento por medio de distintas campañas de donación.

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